Ubaldo Aquilino Laime fue condenado a la pena de prisión perpetua por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Homicidio doblemente agravado por mediar una relación de pareja y de una mujer cuando el hecho fuere perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, ilícito ocurrido en La Quiaca y que tuvo como víctima a Irene Alicia Gaspar.
Así lo resolvió hoy, 24 de abril de 2024, el Tribunal integrado por los Jueces con Función de Juicio Dras. Cecilia Sadir – presidente de trámite-, Carolina Pérez Rojas y el Dr. Luciano Yapura; secretaría cargo de los Dres. José María López García y Hugo Carril.
En la sentencia, leída en el recinto de audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, los magistrados, además, dispusieron el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario de la Provincia.
Acusación
De acuerdo al requerimiento de la Fiscalía, Ubaldo Aquilino Laime fue condenado por el hecho que ocurrió el 19 de febrero de 2023, aproximadamente entre las 04:00 y 10:00 horas, cuando la víctima, Irene Gaspar, se encontraba durmiendo en estado de ebriedad en la habitación de su domicilio ubicado en la calle Suipacha de la ciudad de La Quiaca.
En esa circunstancia, el acusado Laime, quién dormiría en una cama contigua, aprovechando la ausencia de otra persona en la habitación, ahorcó a Irene Gaspar con un elemento tipo soga, provocando su muerte e intentando luego acomodar la escena del crimen para que pareciera una muerte natural.
Alegatos
En su alegato, los representantes del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Walter Rondón y Dra. Leila Rodríguez, solicitaron la pena de prisión perpetua para el acusado; pedido al que adhirió la querella, integrada por la Dra. Miriam Valdés y el Dr. Leonardo Fernández, del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género.
En tanto, el defensor técnico del enjuiciado Laime, Defensor Oficial Dr. David Troncoso, del Ministerio Público de la Defensa, requirió la absolución e inmediata libertad para su defendido.
Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la provincia, a partir de lo cual las partes podrán recurrirla ante una instancia superior al Tribunal de juicio.
