La Suprema Corte de Justicia de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional destinado a optimizar el acceso y la utilización de información proveniente de legajos penales que resulte relevante para la resolución de procesos judiciales del Fuero Civil.
El acuerdo fue firmado hoy, 19 de agosto de 2026, en la Sala de Acuerdos de Tribunales, por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Federico Francisco Otaola; los vocales de la Sala Civil, Comercial y de Familia de la Suprema Corte de Justicia, Dres. Mariano Gabriel Miranda y Eduardo Esteban Uriondo; y el Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Dr. Alejandro Atilio Bossatti.
Acompañaron la firma del convenio las juezas de la Suprema Corte de Justicia Dras. Mercedes Arias y María Eugenia Nieva; el Procurador General Adjunto del MPA, Dr. Sergio Chacón; la Dra. Amelia Farfán, responsable a cargo de la Oficina de Gestión de la Cámara Civil y Comercial de San Salvador de Jujuy; la Dra. Fabiana Torrico, responsable de la Oficina de Gestión Civil de San Pedro de Jujuy; el Dr. Juan Bravo, a cargo de la Oficina de Gestión Civil de Primera Instancia de San Salvador de Jujuy; y el Dr. Cristian Granados, de la Oficina de Gestión Civil de San Pedro de Jujuy.
Acceso más ágil y seguro a la información
El convenio establece un mecanismo de cooperación interinstitucional mediante el cual se implementará un sistema de acceso consultivo a los expedientes penales del MPA y su posterior incorporación a los expedientes que tramiten en el Sistema Integral de Gestión Judicial (SIGJ).
Para ello, el Ministerio Público de la Acusación generará usuarios en su Sistema de Gestión Integral destinados a los órganos jurisdiccionales del Fuero Civil y a la Oficina de Gestión Civil, de acuerdo con el ámbito de actuación que corresponda.
De esta manera, cuando en un proceso civil resulte necesario contar con información existente en un legajo penal, el órgano jurisdiccional competente o la Oficina de Gestión Civil podrá solicitar directamente al fiscal interviniente la vinculación correspondiente, mediante el sistema de Diligenciamiento de Oficios del SIGJ.
El acceso requerirá la autorización previa del agente fiscal interviniente y tendrá carácter exclusivamente consultivo y en modalidad de solo lectura. Asimismo, las áreas de Sistemas de ambas instituciones deberán garantizar la trazabilidad de los accesos y trabajar en la mejora continua de la interconexión entre el Sistema de Gestión del MPA y el SIGJ del Poder Judicial.
Trabajo conjunto
Durante el encuentro, el Dr. Federico Otaola celebró los avances alcanzados y destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas e instituciones del sistema de justicia.
Por su parte, el Dr. Mariano Miranda destacó la necesidad y utilidad de la herramienta para los jueces del Fuero Civil, quienes podrán acceder a información penal de manera segura y confiable cuando resulte necesaria para la tramitación de los procesos a su cargo. Asimismo, señaló que será de suma utilidad para los fiscales que deban intervenir en procesos civiles y requieran acceder a la información correspondiente.
El Procurador General, Dr. Alejandro Atilio Bossatti, remarcó que uno de los objetivos de la gestión es profundizar el trabajo interinstitucional y conjunto, tanto con el Poder Judicial como con el Ministerio Público de la Defensa, para que los tres organismos puedan trabajar de manera coordinada. En ese sentido, manifestó la disposición del MPA para continuar analizando las necesidades existentes y avanzar en herramientas y acciones conjuntas que contribuyan a mejorar el servicio de justicia.
Finalmente, los funcionarios de las Oficinas de Gestión Civil agradecieron la predisposición para concretar el convenio y destacaron que su implementación permitirá otorgar mayor fluidez y celeridad a los trámites, reduciendo instancias burocráticas vinculadas con el acceso a las actuaciones penales.
El acuerdo tendrá una vigencia de dos años, con renovación automática por períodos iguales, y establece que la información obtenida deberá utilizarse exclusivamente para la finalidad jurisdiccional que haya motivado su requerimiento.
