Como resultado de una eficiente administración de los recursos, el Poder Judicial incorporó a su parque automotor dos camionetas y un minibús cero kilómetro, vehículos destinados a optimizar la prestación del servicio de justicia en todo el territorio provincial.
Con esta impronta, durante la jornada de hoy, 19 de febrero, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, Dres. Federico Otaola –presidente-, Mariano Miranda –vicepresidente-, Martín Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Uriondo y Mercedes Arias; el secretario de Superintendencia Dr. Ariel Cuva, los funcionarios de Contaduría CPN Luis Jiménez y Nicolás Herrera Liprandi; la encargada de Intendencia Arq. Romina Pardiñas y personal del área, estuvieron presentes en la recepción de las flamantes unidades en el Patio de las Banderas del edificio Tribunales.
Se trata de dos camionetas marca Toyota modelo Hilux 4×2 AT y un minibús Toyota modelo Hice GL AT con capacidad para transportar 13 pasajeros.
La adquisición fue posible gracias a fondos remanentes del presupuesto correspondiente al año 2025, lo que permitió concretar la inversión sin afectar las partidas previstas para el ejercicio vigente.
En este sentido, el presidente de la Suprema Corte de Justicia subrayó: “esta incorporación no afecta en absoluto los montos que tenemos para el funcionamiento del Poder Judicial en este año”, remarcando que la decisión responde a una política de responsabilidad y planificación financiera.
El Dr. Otaola además explicó que los nuevos vehículos resultan fundamentales para el trabajo territorial que desarrollan las distintas áreas judiciales: “nos sirve muchísimo para el trabajo de campo, el traslado de los equipos interdisciplinarios y demás tareas específicamente judiciales que deben realizarse en el interior de la provincia, en lugares alejados”.
El magistrado también señaló que esta inversión representa un avance significativo para el funcionamiento general del Poder Judicial, particularmente en lo referido al acceso a justicia en zonas alejadas y al acompañamiento técnico que requieren diversos procesos judiciales, reafirmando el compromiso institucional de mejorar el servicio judicial en beneficio de la comunidad.
